Este 17 de abril se cumplen 30 años de la Masacre de Eldorado do Carajás, uno de los episodios más sangrientos en la historia de la lucha por la tierra en Brasil.

En 1996, la Policía Militar atacó violentamente a trabajadores rurales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que marchaban por la reforma agraria en el lugar conocido como «Curva del S», en el sureste del estado de Pará.

Para conmemorar este suceso que dio nombre al Día internacional de la lucha Campesina, el MST recorrió 32 kilómetros hasta llegar a la Curva do S, donde la Policía Militar masacró a 21 trabajadores rurales en aquel momento. 

La movilización forma parte de la Jornada Nacional de Lucha por la Reforma Agraria Popular, que se desarrolla desde el pasado lunes 13 hasta este viernes 17 bajo el lema “En defensa de la Reforma Agraria Popular: ¡basta de violencia contra el pueblo y la naturaleza!”.

Objetivos de la jornada

Para el MST, la Jornada Nacional de Lucha por la Reforma Agraria Popular no es solo un homenaje, sino una declaración política ante la relevancia actual de la lucha por la tierra. Según expresan desde la dirección nacional del movimiento, las movilizaciones buscan establecer políticas de inspección en el campo para «verificar quiénes realmente ocupan las tierras y si cumplen con su función social».

De acuerdo con lo detallado por el movimiento, la iniciativa incluye la identificación de tierras tradicionales, zonas destinadas a la reforma agraria y áreas de conservación ambiental. 

Para el MST, el Estado brasileño ha creado una estructura agraria que favorece a grandes corporaciones, como se observa en la expansión de la minería y el cultivo de soja en tierras campesinas en el sur de Pará.

​La justicia internacional: una espera de décadas

​A tres décadas de la tragedia, los sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen esperando un pronunciamiento definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque la petición fue admitida en 2003, el proceso se ha prolongado por décadas entre fases de negociación fallidas y análisis de fondo.

​Helena Rocha, codirectora del programa para Brasil del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló que tras el fracaso de una solución amistosa entre 2009 y 2013, el organismo internacional reanudó el análisis. 

Para Rocha, el caso es estratégico: «Los litigios internacionales tienen la capacidad de impulsar cambios más amplios», afirmó, destacando que el objetivo no es solo la indemnización, sino forzar al Estado brasileño a adoptar medidas que eviten la repetición de masacres en el campo.

​Procesos judiciales deficientes y justicia limitada

​En el ámbito interno, la justicia brasileña ha sido calificada de insuficiente. Tras un primer juicio anulado en 1999, solo los comandantes de la operación, el coronel Mário Colares Pantoja y el mayor José Maria Pereira de Oliveira, fueron condenados, mientras que el resto de los policías involucrados resultaron absueltos.

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Las organizaciones denuncian que la reparación estatal ha sido incompleta debido a pensiones obsoletas, falta de atención médica a los mutilados y más de 20 sobrevivientes aún no han sido incluidos en los planes de indemnización.

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Negligencia estatal y disputa territorial

​Ayala Ferreira, de la dirección nacional del MST en Pará, calificó la situación como una «negligencia estatal deliberada». 

Ferreira argumentó que la masacre de 1996 no fue un hecho aislado, sino parte de una disputa territorial en una región marcada por la minería a gran escala y los latifundios.

​“El contexto es de abandono por parte del Estado ante las decisiones judiciales en materia de reparaciones para los sobrevivientes y los mutilados. Lo que prevalece es la sensación de que no se ha hecho justicia”, sentenció Ferreira.

Tras 30 años, la «Curva del S» sigue siendo un símbolo de resistencia para el campesinado brasileño, que hoy vuelve a exigir que la masacre no quede sepultada en los archivos de la impunidad internacional.

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